Para el investigador UBA-CONICET, el dato esconde un problema estructural más profundo: “Hay una caída estadística de la pobreza, pero una capacidad de consumo de los hogares que sigue estancada”. A su vez, advierte que el país parece haberse “cristalizado en un 30% de pobreza estructural”, sostenida por trabajo precario y asistencia pública, y alerta que sin creación masiva de empleo formal “no hay forma de romper ese techo, aun con inflación baja y equilibrio fiscal” .
Según explicó, la liberalización de precios, el ajuste y el equilibrio macroeconómico alcanzado durante 2024 tuvieron como contracara una fuerte crisis social, cuyo pico se dio en el primer semestre de ese año. La recuperación posterior fue significativa, pero comenzó a perder fuerza a inicios de 2025.
En ese marco, describió que la economía entró en una fase de estancamiento, especialmente en el plano laboral. No se generó empleo formal y creció la necesidad de autogenerar trabajos informales y precarios, lo que condiciona la mejora de los ingresos. Si bien la pobreza bajó respecto de 2024 y también se ubicó por debajo de los niveles de 2023, esa caída se explica fundamentalmente por la desaceleración de la inflación y una recuperación parcial de salarios e ingresos de los hogares, aunque advirtió que “la baja de la pobreza está sobreestimada”.
Las estadísticas oficiales continúan mostrando una reducción, incluso hasta el tercer trimestre de 2025, pero a un ritmo mucho menor. Para Salvia, el proceso hoy se encuentra prácticamente detenido, con niveles que rondan entre el 29% y el 30%. A esto se suma que, pese a la mejora estadística, “los sectores que rodean la línea de la pobreza no recompusieron su capacidad de consumo”, lo que genera una brecha entre los datos y la vida cotidiana de los hogares.
En ese sentido, remarcó que durante el segundo semestre de 2025 los sectores medios bajos y populares no lograron recuperar su consumo. Los hogares más pobres fueron sostenidos por la asistencia estatal, pero quienes están apenas por encima o por debajo de la línea de pobreza destinaron cualquier mejora de ingresos casi exclusivamente a cubrir gastos fijos como servicios, transporte y comunicaciones. Aunque los alimentos bajaron y permitieron cierto alivio, no ocurrió lo mismo con el ahorro, la educación, la salud o la recreación.
Al analizar los datos sobre el fuerte aumento de los salarios no registrados, Salvia puso el foco en las limitaciones de la medición. Señaló que esos ingresos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y no de registros administrativos, lo que introduce un problema técnico relevante. Según explicó, el INDEC estaría captando hoy más ingresos que antes, generando una brecha menor con los datos formales, pero sin una explicación clara sobre las causas de ese cambio. Esto refuerza su planteo de que la reducción de la pobreza estaría, al menos en parte, sobreestimada.
Aun así, fue categórico al descartar cualquier manipulación deliberada de las estadísticas: “No hay estafa estadística en el INDEC”. Reconoció problemas técnicos y metodológicos, como la falta de actualización de la canasta básica, y advirtió que si esas falencias no se corrigen, la credibilidad del organismo podría desgastarse con el tiempo. Una actualización adecuada, sostuvo, podría incluso mostrar entre cinco y diez puntos más de pobreza, pero permitiría una medición más realista de las privaciones.
Finalmente, Salvia afirmó que el problema de fondo es estructural. La economía argentina sigue dependiendo de un mercado laboral informal, de baja productividad y sin un horizonte claro de inversión para las pymes. Aunque valoró la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, advirtió que sin una recuperación genuina del mercado interno y sin creación sostenida de empleo formal será imposible reducir la pobreza a niveles cercanos al 10% o 12%. Para lograrlo, estimó que harían falta entre ocho y diez años de crecimiento sostenido, con fuerte generación de empleo y mejoras de productividad, condiciones que hoy no están dadas.